El pasado 8 de octubre la Asamblea Legislativa vivió uno de los momentos más engorrosos y ruines del actual periodo. La sesión extraordinaria para elegir el magistrado propietario de la Sala Constitucional tardó más de ocho horas, y al final, no se eligió, ni se llegó a ningún acuerdo (Situación que se mantiene hasta el momento).
Según el Capítulo 1 Deberes y Referencias, Sección 2 En el Plenario en el artículo 2 Inciso 2 del Reglamento Legislativo: Son deberes y atribuciones de los diputados dar su voto en los asuntos que se debaten. Quizá el Jefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana, omitió este artículo, o a lo mejor, nunca leyó el documento para guiar a su fracción a tan fatídica decisión.
Peor aún el diputado independiente, José Merino del Río, quien a sabiendas de que la acción realizada ese 8 de octubre iba en contra de su deber como diputados de la República.
Y es que también el Código Penal de nuestro país, castiga a los funcionarios públicos en el artículo 332: Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto esté obligado a hacerlo”.
Como ciudadano en ejercicio, me veo en la obligación de pedir cuentas a los diputados del PAC, del porqué y qué los llevó a tomar la decisión de abstenerse de votar y llevarse las papeletas a su curul. Además, por culpa de su actitud tan retrógrada y poco democrática, el Órgano de Justicia Constitucional del país esté a punto de quedar inhabilitado para emitir fallos.
Se denota, entonces, el doble discurso que maneja la bancada mayoritaria de oposición, por un lado, gritan y exclaman ante la opinión pública ser el partido que lleva la ética como idea fundamental dentro de su campaña política.
Y por otro lado, sus actuales legisladores violan el Reglamento Legislativo a diestra y siniestra intencionalmente, contradiciendo lo que predica su candidato presidencial en las giras por el país.
Poner en riesgo la institucionalidad del país, es un asunto que no requiere de gritos, amenazas y comilonas dentro del Plenario Legislativo. Se trata más bien, de ejercer un control político en el cual se llegue a consensos mediante el diálogo, y se respeten las decisiones de la mayoría como en cualquier régimen democrático.
Es así, como la juventud no puede caer en el juego politiquero maquillado que el señor Ottón Solís y sus diputados intentan venderle a la ciudadanía. El PAC se ha convertido en un partido en el que, la representatividad delegada por los ciudadanos a los “Padres y Madres de la Patria”, no se cumple.
Es por esto, a menos de un mes que la Sala Constitucional quede acéfala, les solicitó a los diputados del PAC y FA apegarse al Reglamento Legislativo y cumplir con todas las personas que los eligieron mediante el sufragio, con el estricto cumplimiento estricto de sus deberes.
